La resolución del TEAC de 24 de septiembre de 2026 analiza la venta de una vivienda situada en España por una sociedad civil residente en Francia, y resulta especialmente ilustrativa para los propietarios no residentes que mantienen inmuebles a través de sociedades. La entidad había declarado en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes una pérdida de 89.311,56 euros y solicitado la devolución de la retención del 3%. Tras una comprobación limitada, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria fijó el valor de adquisición en 104.492,42 euros, frente a los 482.459,12 declarados, y liquidó 48.950,70 euros, intereses incluidos. El TEAC confirma la regularización en lo sustancial y solo la corrige en un aspecto concreto.
Los hechos
La socia mayoritaria adquirió en 2008 dos terrenos por 120.000 euros y contrató en su propio nombre la construcción de una vivienda por 320.000 euros. La obra finalizó en mayo de 2010. En octubre de ese año constituyó la sociedad, con un 99% del capital y el 1% restante en manos de su cónyuge, y en noviembre le transmitió la finca por 103.448,28 euros. En la escritura de declaración de obra nueva se hizo constar que la sociedad era la dueña del solar y quien había realizado la construcción.
En mayo de 2022 la sociedad vendió el inmueble por 450.000 euros, de los que la escritura atribuía 25.000 euros al mobiliario. Al calcular la ganancia, la entidad incluyó en el valor de adquisición 356.036,63 euros por la construcción y redujo el valor de transmisión en el importe del mobiliario, obteniendo así una pérdida.
Primera cuestión: qué coste puede computar la sociedad
El artículo 24.4 del texto refundido de la Ley del IRNR remite a las normas del IRPF para calcular las ganancias patrimoniales de los no residentes sin establecimiento permanente. Conforme al artículo 35 de la LIRPF, el valor de adquisición está formado por el importe real de la adquisición y por el coste de las inversiones y mejoras, y los gastos y tributos inherentes, satisfechos por el adquirente.
El TEAC rechaza computar el coste de la obra. La documentación acreditaba que fue la socia quien contrató y pagó la construcción, terminada antes de que la sociedad existiera. La escritura de obra nueva no altera esa conclusión: conforme al artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y al artículo 1218 del Código Civil, el documento público prueba el hecho que lo motiva y su fecha, pero no la veracidad de las manifestaciones de los otorgantes ni el precio que en él se consigna. El Tribunal se remite a su doctrina previa (resoluciones de 18 de diciembre de 2023, RG 00/05213/2020, y de 19 de noviembre de 2024, RG 00/03308/2021): el valor de las obras ha de acreditarse con facturas y medios de pago que prueben su realidad, su naturaleza de mejora, su importe y que fueron abonadas por quien pretende computarlas.
Tampoco prospera el argumento de que, al tratarse de una operación vinculada, debía atenderse al valor de mercado. El artículo 35 de la LIRPF se refiere al importe real de la adquisición, no al valor de mercado, de modo que para la sociedad el valor de adquisición es lo que pagó por la finca. El TEAC recuerda que socio y sociedad son personas distintas y que no cabe invocar la confusión de patrimonios para obtener un mayor valor de adquisición.
La consecuencia práctica es clara: la forma y el precio con que un inmueble entra en una sociedad fijan su coste fiscal futuro. Lo invertido por el socio antes de la aportación o la venta no se traslada a la entidad por el solo hecho de mencionarse en una escritura. Cómo articular esa entrada, con sus efectos para el transmitente y en la imposición indirecta, debe analizarse en el momento de la operación y no al vender.
Segunda cuestión: la amortización mínima
El artículo 35 de la LIRPF obliga a minorar el valor de adquisición en las amortizaciones fiscalmente deducibles. La ONGT entendió que una persona jurídica no puede usar por sí misma una vivienda, de modo que esta habría estado arrendada a terceros o cedida a los socios durante todo el período de tenencia, cesión que el artículo 12 del texto refundido de la Ley del IRNR presume retribuida salvo prueba en contrario. Sobre esa base aplicó una amortización mínima acumulada de 17.438,74 euros, correspondiente a 4.191 días.
El TEAC, con un criterio que reitera en otra resolución de la misma fecha (RG 00/08201/2023), considera que la Administración presume un hecho del que deriva una carga tributaria y que, por tanto, le corresponde probarlo; en el expediente no constaba prueba alguna, directa ni indirecta, del arrendamiento o la cesión. Sin embargo, la propia entidad había solicitado en sus alegaciones que la amortización se calculara sobre 1.500 días. El Tribunal califica esa petición como un acto propio de reconocimiento de la cesión durante ese período y fija la amortización sobre esos 1.500 días.
Es el único punto en que se estima la reclamación, y su alcance económico es limitado. Lo relevante es el aviso: lo que el contribuyente alega puede operar como reconocimiento de hechos, y una alegación subsidiaria mal planteada puede suplir la prueba que la Administración no había aportado.
Tercera cuestión: el mobiliario en la escritura de venta
La sociedad pretendía reducir el valor de transmisión en los 25.000 euros atribuidos al mobiliario. El TEAC lo rechaza: la escritura acredita la compraventa y su fecha, pero no que una parte del precio corresponda efectivamente a muebles. Para un tratamiento separado habría sido necesario probar la adquisición del mobiliario, su transmisión efectiva y una valoración independiente de la del inmueble.
El Tribunal hace suyos los argumentos de la oficina gestora, que conviene conocer. Si se resta mobiliario del precio de venta, por coherencia debería restarse también del precio de compra el que ya existía al adquirir; y como el mobiliario se deprecia con el uso, su valor en la venta difícilmente superará al de la compra salvo que se acrediten adquisiciones posteriores. La ONGT señala además que es práctica habitual incluir este tipo de cláusulas en ventas de no residentes para que una parte del precio no tribute en España, sin declararse después en el país de residencia, y valora negativamente que no se aportara la declaración del Estado de residencia en la que constara esa venta.
Cabe una observación adicional que la resolución no aborda: la retención practicada, de 12.750 euros, coincide con el 3% de los 425.000 euros asignados al inmueble. Cuando la asignación al mobiliario no se sostiene, conviene revisar también su reflejo en la retención que el adquirente debe practicar conforme al artículo 25.2 del texto refundido de la Ley del IRNR.
Conclusiones prácticas
La resolución deja tres pautas útiles para las sociedades no residentes, y para sus socios, que proyecten la venta de un inmueble en España. El valor de adquisición solo incluye lo que la propia entidad pagó y puede justificar con facturas a su nombre y medios de pago; las manifestaciones de una escritura no sustituyen esa prueba. El uso del inmueble durante la tenencia tiene consecuencias en el cálculo de la ganancia, y la posición que se adopte en el procedimiento debe medirse con cuidado. La asignación de una parte del precio al mobiliario, por último, solo resiste una comprobación si existe inventario, justificación de su adquisición, una valoración razonable y coherencia con lo declarado en el país de residencia.
En Lex·on revisamos con antelación la documentación de este tipo de ventas y el cálculo de la ganancia, de forma que el modelo 210 y la eventual solicitud de devolución de la retención se presenten con el soporte que la Administración va a exigir.
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Fuente: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 24 de septiembre de 2026 (RG 00/07794/2023).
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