Sociedades de alquiler y exención en el Impuesto sobre el Patrimonio: la DGT admite el empleado contratado por otra sociedad del grupo. Consulta vinculante V5530-26, de 14 de septiembre de 2026

En los patrimonios familiares con inmuebles en arrendamiento organizados a través de varias sociedades, el requisito de contar con un empleado a jornada completa ha sido durante años uno de los principales puntos de fricción con la Administración. De su cumplimiento depende que la actividad se califique como económica y, con ello, que las participaciones puedan acogerse a la exención del Impuesto sobre el Patrimonio y a los beneficios fiscales de la empresa familiar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La Dirección General de Tributos, en su consulta vinculante V5530-26, de 14 de septiembre de 2026, incorpora a su doctrina el criterio fijado por el Tribunal Supremo a comienzos de este año: el empleado puede estar contratado por otra sociedad del grupo, siempre que exista una verdadera integración funcional.

El requisito y su origen normativo

El artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio, exime las participaciones en entidades que no tengan por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, y remite al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para determinar si existe actividad económica. El artículo 27.2 de la Ley 35/2006 establece que el arrendamiento de inmuebles solo se entiende realizado como actividad económica cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

La DGT ha reiterado, entre otras en las consultas V0638-13, V0953-17 y V2513-18, que ese contrato debe tener naturaleza laboral conforme a la normativa laboral y que el empleado debe dedicarse de forma exclusiva a la gestión del arrendamiento.

La dificultad residía en que la Ley del Impuesto sobre Sociedades sí contempla una regla de grupo. Su artículo 5.1 dispone que, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, el concepto de actividad económica se determina atendiendo a todas las entidades del grupo. La normativa del IRPF, a la que remite el Impuesto sobre el Patrimonio, carece de una previsión equivalente.

La doctrina del Tribunal Supremo

Las sentencias del Tribunal Supremo 167/2026, de 17 de febrero (recurso 1196/2024), y 186/2026, de 19 de febrero (recurso 1326/2024), dictadas en relación con la reducción por donación de participaciones en empresa familiar, resolvieron esa tensión. Cuando la entidad arrendadora pertenece a un grupo con actividad económica en los términos del artículo 42 del Código de Comercio y del artículo 5.1 de la LIS, y la ordenación del arrendamiento se realiza con medios personales y materiales del grupo, aunque estén centralizados en otras compañías, debe considerarse cumplido el requisito del artículo 27.2 de la LIRPF.

El Tribunal condiciona esta conclusión a lo que denomina el criterio decisivo: que la realidad económica y funcional del grupo permita constatar una unidad de medios y de actividad, y que la sociedad arrendadora esté integrada funcionalmente en esa actividad, sirviendo a ella y no limitándose a utilizar sus medios. La mera pertenencia formal al grupo no basta; en ese caso, el requisito ha de acreditarse de forma aislada en la propia arrendadora.

Las sentencias añaden una consecuencia relevante para las estructuras con sociedad holding. Cumplidas esas condiciones, las participaciones de la tenedora en la filial arrendadora son activos afectos y no computan como no afectos en la regla de proporcionalidad del último párrafo del artículo 4.Ocho.Dos de la LIP.

Qué aporta la consulta V5530-26

El consultante era titular del 100% de varias sociedades dedicadas al arrendamiento de inmuebles y preguntaba si el requisito podía entenderse cumplido con una persona contratada por cualquiera de ellas. La DGT transcribe la doctrina del Supremo y la asume, pero con una advertencia que conviene no pasar por alto: la existencia de unidad de medios y de actividad a nivel de grupo, y la integración funcional de la arrendadora, son cuestiones de hecho sobre las que el Centro Directivo no se pronuncia en términos generales y que deberán valorarse, en su caso, en las actuaciones de comprobación de la Administración tributaria competente.

La consulta confirma, por tanto, el criterio, pero no ofrece un refugio seguro. La carga de acreditar la integración recaerá sobre el contribuyente en el momento en que se cuestione la exención.

Un matiz que la consulta no aborda

La doctrina del Supremo se formula respecto de grupos en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, precepto que define el grupo a partir del control que ejerce una sociedad dominante. En el supuesto consultado, sin embargo, las sociedades no aparecen participadas por una holding, sino directamente por una persona física, y la contestación no analiza si unas sociedades hermanas, controladas por un mismo socio persona física, constituyen un grupo a estos efectos.

No es una cuestión menor. Cuando el legislador ha querido extender el concepto de grupo a las entidades controladas por personas físicas lo ha dicho expresamente, como sucede en el artículo 101.3 de la LIS para el régimen de empresas de reducida dimensión; el artículo 5.1 de la LIS no contiene esa extensión. A juicio del despacho, en estructuras sin sociedad dominante este punto exige un análisis específico antes de apoyar la exención únicamente en el criterio del grupo.

Alcance práctico

El efecto de la doctrina no se agota en el Impuesto sobre el Patrimonio. Las reducciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la transmisión de participaciones en empresa familiar (artículo 20, apartados 2.c) y 6, de la Ley 29/1987) toman como presupuesto la exención del artículo 4.Ocho.Dos de la LIP, y lo mismo sucede con las mejoras autonómicas que se apoyan en ella. La calificación de la actividad de arrendamiento condiciona así tanto la tributación anual como la planificación de la sucesión.

Para apoyarse en este criterio, la prueba de la integración funcional debe construirse de forma anticipada y documental. Ello supone una organización de medios centralizada y real, con funciones del personal descritas y verificables; contratos de prestación de servicios intragrupo que reflejen la gestión de los arrendamientos, valorados conforme a las reglas de operaciones vinculadas; una dirección y una toma de decisiones comunes susceptibles de acreditación; y una actividad económica efectiva del grupo en su conjunto. La simple existencia de una nómina en una sociedad distinta, sin esa articulación, difícilmente superará una comprobación.

Consideración final

La consulta V5530-26 consolida en sede administrativa un criterio que flexibiliza un requisito tradicionalmente aplicado con rigidez, pero desplaza el debate al terreno de la prueba. En estructuras familiares con varias sociedades patrimoniales, frecuentes en Baleares, conviene revisar con antelación cómo se organiza la gestión de los inmuebles, qué sociedad soporta los medios y cómo se documenta la integración, antes de que la exención se discuta en un procedimiento de comprobación o con ocasión de una transmisión.

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Fuentes: Consulta Vinculante V5530-26, de 14 de septiembre de 2026, Dirección General de Tributos; sentencias del Tribunal Supremo 167/2026, de 17 de febrero (recurso 1196/2024), y 186/2026, de 19 de febrero (recurso 1326/2024).
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